domingo, mayo 13, 2007

Biografías NO autorizadas 2da parte

Lo que No se dice de Benito Juárez 2da parte

18 de marzo, 2007 - 21:45

El Tratado McLane-Ocampo

El gobierno de Zuloaga había sido reconocido por todas las potencias, inclusive por los gringos quienes tenían esperanzas en obtener lo que ya les había prometido Comonfort: la cesión de una parte muy considerable del territorio nacional y el paso a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec.

Como John Forsyth, ministro plenipotenciario de los gringos recibió una rotunda negativa de Zuloaga para aceptar estas vergonzosas proposiciones, por lo que se dirigió al de Bomberitus. Forsyth llegó al extremo de tener en su propia casa a los jefes de la revolución juarista para que conspiraran a la mala.

Bomberitus estaba dispuesto a vender a su propio país con el fin de conseguir el reconocimiento de su gobierno por los gringos, junto con la ayuda económica de todo género que esto implicaba. El 14 de diciembre de 1859 el gobierno juarista firmó el Tratado McLane-Ocampo, por el cual Juárez se comprometió a conceder a los gringos:

El derecho perpetuo de tránsito por el Istmo de Tehuantepec, con la posibilidad de ser vigilado por tropas estadounidenses en defecto de las mexicanas. El derecho de paso a las tropas estadounidenses a través de territorio mexicano para proteger las vidas y hacienda de sus ciudadanos y aun por cualesquiera otras causas; indemnización por los gastos erogados por los Estados Unidos a consecuencia de su intervención militar, aun con entrega de territorio. Por su parte, México tendría derecho a solicitar la intervención armada de los Estados Unidos cuando peligrara el gobierno de los liberales.

A principios de 1860 Miramón sitió a Veracruz para impedir que Juárez siguiera legislando desde ahí bajo la protección y autorización de los gringos.

Cuando Bomberitus supo que los buques de Miramón iban a bloquear Veracruz, lanzó una circular declarando piratas a los buques el 25 de febrero de 1860. Luego se puso en comunicación con Mr Twyman, cónsul gringo en Veracruz, y por su medio con el Capitán Turner, encargado de la flota estadounidense, la cual se hallaba entonces en la bahía de Veracruz. Como resultado de ello, tres buques de guerra , el Saratoga, el Wave y el Indianola, llevando izada la bandera de los gringos atacaron en aguas de México y pusieron fuera de combate a los buques mexicanos de guerra (6 de marzo de 1860) y éstos, con su cargamento de armas para Miramón, fueron enviados a Nueva Orleáns, acusados de piratería.

Allí las autoridades gringas rechazaron la acusación de piratería y censuraron a Turner por su acción; pero ya Bomberitus se había salido con la suya, y Miramón, a consecuencia de esa intromisión injustificada tuvo que levantar el sitio de la plaza.

Juárez, sin embargo, había invocado el poder del extranjero y sangre de mexicanos había sido derramada por tropas extranjeras, de donde se ha deducido y concedido generalmente que traicionó a su patria y violó su independencia a manos de un enemigo benévolo para con él… La intervención extranjera en los asuntos de México, era un hecho y Bomberitus la había provocado.

Cuando Miramón comenzó el sitio de Veracruz, prácticamente todo el país estaba en manos de los conservadores, menos Morelia y Veracruz; pero con la intervención de Turner, injustificable en Derecho Internacional, el aspecto de las cosas cambió radicalmente. Perdidos sus buques, Miramón vio imposible la captura de Veracruz, mientras que los juaristas, apoyados moral y económicamente por los gringos y reforzados con hombres y armas estadounidenses, salieron de sus escondites y renovaron sus ataques por todo el interior.

Bomberitus encerrado en Veracruz bajo el amparo de los gringos se dedicaba a promulgar sus famosas leyes de Reforma. Por ellas decretó no ya la separación entre la Iglesia y el Estado, sino la subordinación de aquélla a éste.

Esta ley aparte de ser injusta, fue inconstitucional,la Constitución reconociendo a la Iglesia no podía expropiarla porque no pidió su consentimiento ni la indemnizó; ni podía confiscarla porque la confiscación estaba prohibida por el artículo 22.

Así pues, esa ley, como todas las de Reforma, fue una adición que desgarraba cada artículo de la ley fundamental a la cual Juárez tenía por bandera y reformaba a cañonazos.

Fue patente el despilfarro que se hizo de los bienes de la Iglesia y del saqueo de que fueron víctimas algunos templos, como las catedrales de México, Morelia, Zacatecas, y la Colegiata de Santa María de Guadalupe. Jamás gobierno alguno del México independiente había tenido tantos recursos a su disposición como el de Juárez en 1861, a consecuencia de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, que importaron más de 60 millones de pesos. Pero jamás tampoco había habido el despilfarro que entonces. Los bienes se regalaban por casi nada y en realidad sólo sirvieron para enriquecer a unos cuantos.

Según las leyes civiles, no podía venderse ninguna propiedad nacional si no era en subasta pública y previo avalúo. Nada de esto se observó entonces. Las ventas se verificaron por contratos secretos, los cuales desaparecieron cuando Juárez marchó a San Luis Potosí. Como ejemplo de venta censurable se cita la del Colegio de Puebla tasado en 200 mil pesos y vendido en cinco mil.

Con estas medidas se fortaleció el poder del Estado; sin embargo, la desamortización de los bienes de las corporaciones, extendida a las propiedades comunales de pueblos, de las comunidades indígenas, de congregaciones religiosas, etc., despojaba a los menos preparados para vivir, perjudicando también a los municipios a los que despojó de sus “propios” y provocó un aumento de desheredados, además de favorecer el latifundismo al no poner traba alguna a los poderosos.

Al desamortizarse las tierras de la Iglesia, valuadas en aproximadamente una vigésima quinta parte del valor total de las tierras del país en aquel entonces, tierras productivas dedicadas al Bien Común (y de mala fe llamadas de “manos muertas”), los campesinos, peones pobres respetuosos de las excomuniones de la Iglesia, no pudieron comprar estas tierras. Los bienes de la Iglesia pasaron entonces a unas “manos tan vivas”, que en diez años se desaparecieron.

En una época en la prácticamente no había bancos, la principal fuente de crédito había sido la Iglesia, la cual prestaba entonces su capital al módico interés de 6% anual, por lo que la Iglesia Católica en México, más que una mano muerta que poseía esos capitales era una mano bienhechora, pues prestaba dinero por más de lo que valían las fincas, además de prestar sus tierras a los campesinos a una módica renta. En cambio, con las nuevas leyes, quienes contrataban créditos hipotecarios después de la desamortización, tuvieron que hacerlo con particulares que cobraban el 2% mensual cuando menos, ya que otra ley había permitido la libertad ilimitada en el tipo de interés, por lo cual, los pobres cayeron en poder de usureros sin entrañas. Además, millares de niños y de enfermos se quedaron sin instrucción y sin auxilios, es decir, el gobierno los dejó en la miseria y en el desamparo.

Al repartirse las tierras desamortizadas de la Iglesia con las tierras de comunidades y de ejidos, se formaron los latifundios, pues las tierras quedaron en manos de unos cuantos extranjeros, criollos y mestizos que sí tenían capital y no temían las leyes de la Iglesia en la que no creían.

No pasó mucho tiempo sin que el despilfarrado gobierno de Bomberitus se encontrase otra vez en quiebra, al grado de resolver (ley del 27 de julio de 1861) la suspensión del pago de la deuda exterior por dos años. Tal decisión hizo que España e Inglaterra sospechasen una insolvencia del gobierno.

En efecto, tan pésima fue la administración del gobierno juarista, que en poco tiempo se encontraba en bancarrota y tenía que pedir un préstamo forzoso y ordenar, por medio del Congreso “que se faculta al gobierno para que se proporcione recursos de cualquiera manera que sea con el fin de destruir a la reacción”.

Por su parte los gringos por medio de su representante Mr. Corwin, ofrecieron a Juárez un préstamo con hipoteca de terrenos baldíos en varios Estados del norte, pagaderos en seis años so pena de perder México esos terrenos baldíos. Juárez aceptó el convenio, no así el Senado norteamericano. Además Bomberitus consintió, por medio del convenio “Wike-Zamacona” que los agentes consulares ingleses cobrasen directamente de las aduanas, o más bien, de los importadores, las asignaciones para los tenedores de bonos, autorizándolos para examinar los libros. El liberal Vigil confiesa que este convenio “hubiera equivalido a perder nuestra soberanía sin disparar un cañonazo, incompatible absolutamente con el honor y la independencia de la República”.

Una vez concluida la intervención francesa en 1867, Juárez no supo resolver el problema de la integración de los militares a la vida civil.

Al tiempo de la toma de Querétaro y de la capital, había unos 90,000 hombres sobre las armas, lo cual creaba el difícil problema de volver a encauzarlos en la vida civil. Para el modo iluso de ver que tenía Juárez, los soldados no habían hecho más que cumplir con un deber patriótico y con eso terminaban las responsabilidades del gobierno para con ellos, según aquel dicho de que: “El Moro ha prestado su servicio, ya puede irse el Moro”. Como el erario público estaba casi vacío después de tantos años de guerra, Juárez desechó la idea de otorgar pensiones militares, por falta de dinero, una vez agotados y vergonzosamente disipados los recursos que su gobierno había obtenido de la desamortización de los bienes del Clero. Así pues, reteniendo un ejército de 20,000 hombres, despidió a los demás a sus casas, sin más preliminares, pero dejando amargados a los soldados, quienes al retirarse decían de Juárez que era “ingrato e inhumano”.

Los 70,000 soldados que Juárez había licenciado, sin otra recompensa que un “gracias”, se convirtieron en una amenaza social, y aunque muchos volvieron a la vida civil ordinaria, otros muchos, en cambio, no quisieron o no pudieron hacerlo, y la sangre les hervía en las venas, puesto que lo único que sabían de México eran las conmociones políticas y revolucionarias de que éste había sido escenario en los últimos cincuenta y tantos años. La educación, como resultado de las restricciones impuestas por la Constitución de 1857 y las leyes penales de Juárez había sucumbido por completo. Las florecientes escuelas religiosas habían dejado de existir, pero ninguna otra había venido a reemplazarlas. En vez de libros, se habían repartido machetes, rifles y espadas, y en vez de aprender el cultivo de la tierra, habían aprendido a matar.

El mismo Bomberitus les había enseñado el modo de confiscar, destrozar y saquear, así que, una vez suprimida la sanción oficial, se dejaron llevar de su propia iniciativa, y a consecuencia fue que bandas de salteadores, ladrones y asesinos, merodeaban por los caminos e infestaban el país. Su herencia era el desorden y la violencia, y aun hubo antiguos generales que se hicieron jefes de bandoleros. Con frecuencia había secuestros de personas para exigir rescate. Los historiadores llegan a llamar a este periodo “la época de los plagios”.

Porfirio Díaz aprovechó hábilmente la impopularidad de Juárez entre los soldados y más tarde surgiría el partido político de los porfiristas. Por temor al poder político de los éstos, Juárez le ofreció a Díaz el puesto de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, aunque era evidente su incapacidad legal y su falta de preparación para el cargo, el cual requería de un jurisconsulto. De todos modos Díaz no aceptó la oferta.

Los capitales habían huido al extranjero; la industria se encontraba en bancarrota; las personas de verdadero valer habían emigrado o se habían retirado de la política; el bandolerismo se hallaba en su apogeo y, para colmo de desgracias, el gobierno, con sus reformas legales a la Constitución y su persecución religiosa contribuyó a aumentar el caos y la anarquía.

El gobierno juarista celebró dos contratos con poderosas compañías gringas hipotecando terrenos de Tamaulipas y de San Luis Potosí y comprometiendo la integridad territorial de la Baja California. Se reformó la Constitución sin los requisitos establecidos por ella.

En las elecciones presidenciales de 1871 Juárez, Lerdo y Díaz se presentaron como candidatos, resultando ganador Benito Juárez, aunque con evidentes fraudes electorales. Porfirio Díaz se levantó en armas con el Plan de la Noria para arrojar del poder a Juárez, pero fracasó.

Juárez gobernó durante 15 años, más del doble que Antonio López de Santa Anna, quien apenas pudo sumar unos seis años de gobierno. También se le ha cuestionado por no haber mostrado benevolencia con Maximiliano, cuando éste fue derrotado por las tropas juaristas y fusilado en el cerro de las Campanas en 1867.

Casi todas las acusaciones que se hicieron a Maximiliano, podían con igual derecho hacérselas a sí mismos Juárez y sus secuaces; pero a Juárez le importaba tremendamente la sentencia de muerte del Emperador… Hasta supo desentenderse de la súplica que le envió Seward pidiendo clemencia.

Además de esto, no hay que olvidar que la mayor parte de los liberales se adhirió, con todo el pueblo, a la intervención y al Imperio. Risa da, pues, la estúpida ley del 25 de mayo de 1862, promulgada por Juárez, en que se declara traidores a los intervencionistas y monarquistas osea declaraba prácticamente culpables a todos los mexicanos, puesto que la autoridad de Maximiliano fue reconocida por la gran mayoría del pueblo.
Los mismos liberales no pudieron menos de servir a quien les ayudaba a vivir en orden y tranquilidad, porque para ellos el Imperio – como dice Bulnes – “fue la verdadera gloria, la verdadera Patria, la verdadera doctrina política” (463). En vista de esto no es de extrañar que Payno haya encontrado – después del Imperio – ciento cuatro mil solicitudes de empleo al gobierno de Maximiliano, hechas por los liberales, por lo que Lerdo de Tejada le dijo: “si publica usted la lista nos quedamos sin partido liberal” (Bulnes, 577). Pero, qué más: el mismo Juárez pidió desde el Paso, Texas, donde vivía, a su apoderado en México, que revalidara los bienes eclesiásticos que se adjudicó, reconociendo por ese hecho la autoridad del Emperador.

Maximiliano, por su parte, – frívolo y versátil en extremo – no resultó el gobernante que se esperaba, porque gobernó con las injustas y aborrecidas leyes liberales de Juárez y con un ministerio por entero liberal. Se rodeó de liberales, él que era liberal, y los liberales fueron minando su trono; y cuando se vio sin el apoyo de las bayonetas francesas y sin el auxilio de los liberales que lo abandonaban, entonces y sólo entonces se echó en brazos del partido conservador a quien había despreciado y hasta tratado de disolver; partido que, dando una muestra de suma lealtad, lo protegió hasta que pudo.

Es así como la Constitución de 1857, en lo positivo que tiene de legalidad social, como en sus deficiencias y en sus violaciones posteriores, preparó el movimiento revolucionario que formó la Constitución de 1917, en que aparece ya una concepción nueva del Estado, con ingerencia en la economía, más directa y orientada para el bien de todos.
Los abusos de los liberales… trajeron como consecuencia un malestar social que fue uno de los factores más importantes de la Revolución de 1910.

Juárez, además, inició el periodo no decente de nuestra Historia, haciendo gala de ser el hombre de la Ley, mientras burlaba el sufragio y la Ley, gobernaba tiránicamente e impedía la educación política del pueblo. Y, por sugerir el principio constantemente latente en su vocabulario de que es “Ley lo que se promulga” (por impopular, injusto e irracional que sea), resulta nuestro primer gran falsificador en el orden jurídico, responsable de que en México, a partir de entonces y contra lo que exige un deber primordial, no se mire con respeto ni a la Ley ni a las autoridades, que tan frecuentemente han sido meras falsificaciones. Juárez fue, finalmente, uno de los principales destructores de nuestro rico patrimonio artístico y bibliográfico.

Comenzando 1887, el gobierno trató de unir sus programas con los de Juárez por medio de una manipulación oficial del mito de Juárez que consistía en celebraciones, estudios laudatorios y libros de texto. Juárez existe principalmente como un mito en México y consiste de tres elementos principales: el hombre ligado a una realidad histórica, los significados asociados al nombre (formando, en conjunto, el símbolo) y finalmente el grupo, institución o individuo específico que crea y emplea el símbolo. Este mito ha sido parte integral de la historia desde 1867. Las conmemoraciones en honor de Juárez, en la ciudad de México, a menudo se convirtieron en demostraciones de elogio de los ocupantes de la silla presidencial.

Los representantes del PRI tomaron siempre parte y a menudo hicieron discursos… Organizaciones estudiantiles y laborales, formadas generalmente por empleados gubernamentales con el día libre, formaban las necesarias “masas”... Las publicaciones del gobierno ayudaron a los presidentes de la República en su esfuerzo para aprovechar y elaborar el mito de Juárez. En 1959 un decreto estableció una Comisión de Libros de Texto Gratuitos. El patrocinio gubernamental de los centenarios de Juárez culminó con la proclamación de 1972 como “Año de Juárez” en México.

Ya en 1972 los gobiernos mexicanos tal vez se habían convertido en los agentes más importantes en el desarrollo y perpetuación del mito de Juárez en México.

A que cosas, y decidme…después de todo este rollo le vamos a seguir festejando su cumpleaños?

Utzz!

SaluD!


It's glad to be Me

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